La exclusión financiera es un fenómeno que impide a una parte de la población acceder y utilizar servicios financieros básicos como cuentas bancarias, créditos, seguros o instrumentos de ahorro. Esta falta de acceso puede derivar de múltiples causas: desde barreras económicas y geográficas hasta la desconfianza en las instituciones, la ausencia de infraestructura o la falta de conocimientos financieros. En todos los casos, sus consecuencias trascienden lo individual, ya que obstaculiza la movilidad social, limita el bienestar y perpetúa la desigualdad económica y social.
En México, la exclusión financiera ha sido reconocida como un problema estructural que afecta a millones de personas. La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF), presentada en 2020, identificó que esta exclusión genera una limitada salud financiera, incide directamente en los niveles de pobreza y dificulta el desarrollo económico del país. La PNIF propone estrategias para impulsar la inclusión y fortalecer las competencias económico-financieras de la población, además de mejorar la protección al usuario de productos y servicios financieros.
A pesar de estos esfuerzos, el reto sigue siendo enorme. Los datos más recientes muestran que persisten brechas significativas entre zonas urbanas y rurales, entre hombres y mujeres, y entre diferentes niveles de ingreso y escolaridad. Asimismo, el acceso y uso de productos financieros, la adopción de pagos digitales, la cobertura de infraestructura y la educación financiera continúan presentando rezagos.
Este artículo ofrece un panorama amplio y detallado de la exclusión financiera en México, sus causas y efectos, así como los retos que enfrenta el país para avanzar hacia una verdadera inclusión que mejore el bienestar y la movilidad social.
En términos simples, la exclusión financiera significa que una persona carece de acceso a servicios financieros formales. Esto puede implicar que no tenga una cuenta bancaria, que no pueda acceder a créditos o seguros, o que no cuente con herramientas para ahorrar e invertir. También incluye situaciones en las que las personas sí tienen acceso, pero no hacen uso efectivo de estos servicios, ya sea por desconocimiento, desconfianza o falta de necesidad percibida.
Las consecuencias son profundas: sin una cuenta bancaria o un medio formal de ahorro, las personas están menos preparadas para emergencias, menos capacitadas para invertir en su educación o vivienda, y más vulnerables a crisis económicas. Además, al quedar fuera del sistema financiero formal, no generan historiales crediticios que les permitan acceder a mejores condiciones de financiamiento en el futuro.
En México, este fenómeno afecta principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad: personas de bajos ingresos, residentes en zonas rurales, mujeres, adultos mayores, migrantes y personas con baja escolaridad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, ocho de cada diez personas en México cuentan con algún producto financiero como cuenta de ahorro, crédito, seguro o afore. Sin embargo, este dato no debe interpretarse como señal de plena inclusión, ya que el uso activo y efectivo de esos productos sigue siendo limitado.
Entre 2021 y 2024, el porcentaje de personas con cuenta de captación creció de 49 % a 63 %, impulsado en gran parte por la apertura de cuentas relacionadas con programas sociales a través del Banco del Bienestar. No obstante, la inclusión a través de transferencias condicionadas no garantiza que las personas desarrollen hábitos de ahorro, uso de crédito o inversión.
Baja tenencia y uso de productos y servicios financieros
Aunque ha aumentado la proporción de personas con cuentas, las cifras muestran que buena parte de la población no utiliza los servicios de manera activa.
La falta de ingresos suficientes se mantiene como una de las principales barreras. Muchas personas consideran que sus recursos no son lo bastante elevados para justificar la apertura de una cuenta, especialmente si implica costos de mantenimiento o comisiones.
En el caso de las empresas, la Encuesta Nacional de Financiamiento a Empresas (ENAFIN) 2024 indica que solo el 34.4 % reportó contar con financiamiento. Las microempresas son las más afectadas: apenas el 44 % accede a créditos, frente al 72 % de las medianas y 65 % de las grandes.
Escaso uso de pagos digitales
El efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado. El 85 % de las transacciones de 500 pesos o menos se realizan en efectivo, y el 73 % en el caso de montos superiores. Aunque los pagos digitales ofrecen ventajas como reducción de costos, creación de historiales crediticios y mayor seguridad, su adopción se ve limitada por la falta de confianza, desconocimiento y baja infraestructura tecnológica.
Insuficiente infraestructura financiera
La cobertura de sucursales, cajeros automáticos y corresponsales financieros sigue siendo desigual. El 78 % de los municipios cuenta con un cajero automático, lo que deja al 22 % restante en situación de desventaja. En zonas rurales, las distancias para acceder a estos servicios pueden ser significativas, lo que incrementa los costos y dificulta el uso frecuente.
Bajas competencias económico-financieras
Solo dos de cada diez adultos llevan un presupuesto y apenas el 54 % sabe dónde presentar una queja en caso de problemas con su producto financiero. La falta de educación financiera limita la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades que ofrece el sistema.
Insuficientes mecanismos de protección y confianza
El crecimiento de la digitalización ha traído consigo riesgos como fraudes, robo de identidad y manejo inadecuado de datos personales. La percepción de inseguridad y la falta de transparencia alimentan la desconfianza hacia las instituciones financieras.
Exclusión de grupos vulnerables
La brecha entre zonas rurales y urbanas alcanza los 16 puntos porcentuales en la tenencia de productos financieros. Las mujeres, adultos mayores, personas con baja escolaridad y migrantes enfrentan obstáculos adicionales, desde la falta de recursos hasta la carencia de documentos oficiales.
La exclusión financiera no solo limita las oportunidades individuales, sino que también tiene efectos macroeconómicos. Entre sus principales consecuencias se encuentran:
Superar la exclusión financiera requiere un enfoque integral que combine infraestructura, educación, digitalización y confianza. Entre los retos clave están:
La inclusión financiera no es solo una meta del sector bancario, sino un componente esencial del desarrollo económico y social. México ha mostrado avances en la apertura de cuentas y en el crecimiento de infraestructura, pero persisten barreras estructurales que requieren atención urgente.
La implementación efectiva de políticas como la PNIF, junto con la colaboración entre gobierno, sector privado y sociedad civil, será clave para garantizar que más personas puedan acceder, usar y beneficiarse de los servicios financieros formales. La meta no debe limitarse a abrir cuentas, sino a fomentar un uso activo y consciente que mejore la calidad de vida y contribuya al desarrollo sostenible del país.
Referencias:
Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) & Comité de Educación Financiera (CEF). (2020). Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF). Gobierno de México: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/643214/PNIF__2020.pdf
Comisión Nacional Bancaria de Valores (CNBV) & Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). (2025). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024. https://www.cnbv.gob.mx/Inclusión/Anexos%20Inclusin%20Financiera/Reporte_ENIF2024.pdf
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). (2025). Encuesta de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/998578/Cuadr_ptico_ENAFIN2024_web.pdf